TUCUMÁN ES UN MAL EJEMPLO ANTE EL MUNDO

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Comenzaron las gestiones para exponer la crisis institucional tucumana en organismos internacionales de aplicación de tratados vigentes en la Argentina.

La senadora Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio-UCR); las fundaciones Iniciativa de Pensamiento Colectivo (IPEC), y Federalismo y Libertad, y las denunciantes Roxana Teves, Imelda Rosa Tripke y Romina Dip requirieron una audiencia a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y solicitaron que allí esté representado el Gobierno argentino. Según los peticionarios, el Poder Judicial provincial carece de independencia y garantiza la impunidad de la corrupción, y los tucumanos no gozan del derecho efectivo al acceso a la justicia. La presentación da como ejemplos del desconocimiento de los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos el homicidio de Paulina Lebbos y la denuncia contra Daniel Leiva, vocal de la Corte.

El documento precisa que los fines de la audiencia son presentar un panorama de la decadencia institucional e interesar a la CIDH para que haga un seguimiento que lleve a revertir la crisis.

Elías de Pérez, las fundaciones y las denunciantes describieron a Tucumán como uno de los distritos argentinos con peores indicadores sociales. Citando estadísticas públicas y de universidades, dijeron que es una de las jurisdicciones con mayor cantidad de pobres; que es la provincia donde el menor porcentaje de la población dice confiar en los Tribunales, las fiscalías y las fuerzas policiales, y que exhibe la tasa de homicidios dolosos más alta del país (8,4 por cada 100.000 habitantes), cifra que casi duplica la media nacional. “Estamos sumergidos en una continua escalada de violencia institucional. Desde hace varios años que se registran homicidios en manos de fuerzas de seguridad provinciales como los casos de Ismael Lucena (2011), María José Gordillo (2012), Adrián Astorga (2014) y Miguel Reyes Pérez (2016). Especial gravedad tuvo el asesinato por parte de dos policías provinciales de Facundo Ferreira, un niño de 12 años (2018). Y en la cuarentena dispuesta por la covid-19, se registraron las muertes de Luis Espinoza y Walter Ceferino Nadal. El Estado no ha dado respuestas políticas ni judiciales a este fenómeno”, refirieron.

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